¿Seguirá el Ministro Cordero ignorando el mérito, la carrera funcionaria, la transparencia en los nombramientos, el principio de paridad de género y la evaluación concursal por expertos en el Proyecto de Ley de Reforma al Sistema Registral y Notarial?
Esta semana la Comisión de Constitución del Senado comenzó a ver las propuestas de indicaciones del Gobierno para el nuevo sistema de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros del país, olvidando que deben verse, también, las indicaciones presentadas por los propios Senadores, las que no fueron ni siquiera leídas y cuyos autores fueron mencionados sólo genéricamente y olvidados, por no decir ignorados.
Sorprendió tal absurdo estimados lectores, pues si bien la propuesta del Gobierno, explicitada en la sesión del día martes 16 de noviembre del año recién pasado, se basó en la coincidente con la del Senador opositor Luciano Cruz-Coke, y consideró un sistema de selección y nombramientos vía Alta Dirección Pública (ADP). Tal cambio radical, junto con lo aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados no tiene por qué desoír las propuestas que contienen las indicaciones de diversos Senadores y que, de seguro, enriquecen la propia del Gobierno y del Senador Cruz-Coke, y ya es sabido los problemas que se le presentan a un Gobierno cuando no escucha las propuestas u opiniones del legislativo.
Baste sólo recordar el reciente incordio con el Senador Pedro Araya a propósito de la doble propuesta de nombres del Ejecutivo para Fiscal Judicial de la Corte Suprema y Ministra de dicho máximo Tribunal de Justicia, todo lo cual ocurre sin siquiera conversar las propuestas con el propio bloque gobiernista. La sabiduría jurídica del Ministro Cordero no parece entender la esencia de la política y de la democracia, que es precisamente la conversación y el diálogo, amén del debido respeto entre los poderes del Estado, pues no podemos siquiera suponer que el Ministro entienda al Senado como un simple buzón, lo que de ser así le tendría condenado al fracaso eterno de sus propuestas.
Volviendo al tema del proyecto de ley en comento y de la propuesta del ejecutivo en materia de nombramientos, la coincidencia del Gobierno con el Senador Cruz-Coke en el sistema de ADP, no parece haber recogido, tampoco, la esencia del planteamiento de dicho Senador, pues mientras el primero pretende una propuesta por una ADP suigéneris, de claro dominio del ejecutivo con el triunvirato que propone y sanción definitiva de la quina secreta confeccionada por esa nueva instancia, por la decisión final del Presidente de las República, el Senador de Evopoli, basado en que se trata de la selección de cargos que, si bien cumplen una función pública, no son parte de la administración del Estado, exige que el Ejecutivo no participe en la toma de decisiones final y que la selección sea, por tanto, 100% vía ADP, única forma a juicio del señalado Senador de no politizar los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros judiciales.
Evidentemente no flota por ninguna parte una propuesta de “quinta secreta” o “reservada” como dice la indicación del Ejecutivo, y que aún con el vocablo empleado es opacidad y oscurantismo puro y duro en definitiva, y sorprende que el Ministro Cordero hubiere firmado una indicación así, y más todavía que el Presidente Boric no hubiere sido advertido de lo que firmaba conjuntamente con su Ministro. El tamaño del error es tan grave y evidente que los Senadores demostraron toda su sabiduría y diplomacia al no desnudar tal situación y complicar al Ministro, pues sabemos de buena fuente que, tras bambalinas, el tema fue grave y que jamás los Senadores van a aprobar una norma de esas características, que por lo demás es absolutamente inconstitucional.
Obviado el error injustificable, todos los Senadores coincidieron en la necesidad planteada por el propio Poder Judicial, a través de su Corte Suprema, de sacarlo del proceso de nombramientos, desechando de paso la propuesta ya sancionada por la Cámara de Diputadas y Diputados que manteniendo al Poder Judicial en el origen del proceso de selección de cargos, instalaba un Consejo Resolutivo de Nombramientos con la integración de la Academia y la representación regional universitaria de aquélla.
Ahora bien, y como puede observarse, estimados lectores, ninguna de las propuestas, ni la de la Cámara ni la del actual ejecutivo en discusión en el Senado, responde integralmente a los desafíos de cambio y mejora que requiere el proceso de nombramiento, pues no se resuelve: 1) la garantía de mérito en el proceso de selección de cargos, que si está presente en las indicaciones parlamentarias ni siquiera leídas en la Comisión; 2) se desecha extrañamente la carrera funcionaria que es esencial en el concepto de mérito que pregonan todos los Ministros de Justicia, Cordero incluido, y que, también, está presente en las ignoradas indicaciones parlamentarias; 3) se desconoce la necesidad de instancia de selección por evaluadores calificados y con conocimiento, por tanto, del área registral, notarial y archivística debidamente acreditados; y 4) se olvida la imprescindible necesidad de garantizar la paridad de género en los nombramientos y que un gobierno que se declara feminista no puede, bajo ningún respecto, soslayar.
Al menos, y dada las diferencias en torno a cuánta injerencia política admiten estos cargos, en la sesión de marras se acordó que el Ejecutivo elabore una nueva propuesta que recoja las observaciones que realizaron los parlamentarios de la comisión, las que no fueron consideradas plenamente en esta oportunidad, no obstante las diversas indicaciones presentadas por variados Senadores como hemos señalado, y que fueron mucho más comprensivas de los desafíos de modernización que hemos aquí planteado.
En esa línea, llama la atención que el propio Cordero terminara señalando como un insalvable para el ejecutivo sólo la exclusión del Poder Judicial por ser ella pedida por ese mismo poder del estado, pero declarando estar plenamente abierto a la no participación presidencial en los nombramientos que fue una alternativa planteada por el Senador Cruz-Coke como punto de inflexión para la despolitización de los nombramientos.
Así la discusión quedó pendiente para la semana del 22 de enero, quedando el Gobierno con la tarea de estudiar las materias planteadas por los Senadores y de realizar una nueva propuesta en el ámbito de los nombramientos de cargos, comprometiéndose, además, a coordinarse con los asesores parlamentarios para ello.
Esperemos el ejecutivo se abra a considerar el mérito de verdad, el término de la torpe opacidad propuesta – quina reservada -, el respeto a la carrera funcionaria y a la evaluación por expertos, la exclusión presidencial en el proceso de selección y nombramientos, tan necesaria como la del poder judicial que demanda más espacio para su función natural y esencial, la jurisdiccional, lo que para un Presidente que ha dicho públicamente querer dejar el cargo con menos poder que con el que lo recibió, no debería ser un problema, amén de garantizar debidamente el principio de paridad de género, indispensable hoy de respetar en cualquier sistema de selección de cargos públicos.
Editor General Tus Noticias
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