El mes de agosto transcurrió con intensa actividad política y legislativa.
Como es habitual los medios sacaron diversas notas sobre las inscripciones de candidaturas presidenciales y parlamentarias, pactos y conflictos de todo tipo mientras en el Congreso el 4 retiro encendía los ánimos y obligaba a pronunciarse a los propios candidatos a la Presidencia de Chile.
Sin embargo, un hecho pasó casi inadvertido: la diputada Maite Orsini Pascal presentaba el 31 de agosto una solicitud de Comisión Investigadora, con firmas transversales, instalando nuevamente el tema de las vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes que debiendo ser protegidos por el Estado son sistemáticamente abusados por el propio Estado.
En efecto, y de conformidad con el artículo 52, No 1), letra c), de la Constitución Política de la República, un grupo amplio de diputadas y diputados, solicitaron ese día al Presidente de la dicha instancia legislativa, diputado Diego Paulsen, que se sirva recabar el acuerdo de la Sala para crear una Comisión Especial Investigadora, tomando en consideración la urgencia de mejorar la institucionalidad a cargo de la niñez bajo protección del Estado, situación que como todo el país sabe, y según señalan los mismos parlamentarios, ya ha motivado en más de una ocasión la fiscalización e investigación de la propia Cámara, constatándose, señalan expresamente los parlamentarios, “graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas en los distintos centros de cuidado alternativo, las que se encuentran plasmadas en los informes realizados por las Comisiones SENAME I y II (2013 y 2016, respectivamente), además de la investigación realizada por el Comité de los Derechos del Niño, comunicada al Estado de Chile en el año 2018”
Sin embargo, agregan los mismos requirentes, “las denuncias recientes respecto a la existencia de posibles redes de explotación sexual comercial en el entorno de residencias de la Red SENAME y la ineficiente respuesta por parte del conjunto de las instituciones del Estado a cargo de la protección, investigación y reparación muestran una nueva y más violenta forma de vulneración, cuyas principales víctimas son niñas y adolescentes bajo protección del Estado”. Los parlamentarios señalan, también, que el mayor riesgo de las niñas y adolescentes de la Red Sename se ve agravado por la falta de priorización de las policías cuando ellas son víctimas de delitos y de la normalización por parte de las instituciones de protección ante situaciones de riesgo, como son los abandonos de las residencias.
Tus Noticias tuvo acceso a la solicitud y constató que para los parlamentarios la urgencia de la conformación de esta Comisión Investigadora se debe, entre otros factores, a los antecedentes entregados por el Hogar de Cristo y su experiencia de residencias modelo, constatándose que estas nuevas residencias debiendo ser los pilares del cambio en el sistema de protección, y para cuya implementación se desarrollaron investigaciones, se elaboró un modelo de intervención y se destinaron recursos adicionales, presentan resultados manifiestamente deficitarios por el grave riesgo al que siguen expuestas las niñas y adolescentes. O como lo evidencia Carlos Vöhringer, director de Protección del Hogar de Cristo, durante el lanzamiento del libro “Del dicho al derecho”, donde se denuncia una mafia de explotación sexual que se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de las niñas que se encuentran en residencias de protección de nuestro país: “Esta es una denuncia, para todos, no estamos protegiendo, tampoco estamos previniendo. Lo digo por la experiencia de nuestras residencias…”
Pero los parlamentarios aportan más aún antecedentes en su solicitud, pues señalan como fundamento de su preocupación la medida cautelar solicitada por la jueza, Presidenta del Segundo Tribunal de Santiago, Mónica Jeldres Salazar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile en julio del presente año y a favor de todos los niños, niñas y adolescentes del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) “PUDAHUEL”, del Servicio Nacional de Menores de Chile-SENAME, para que revise y repare inmediatamente la violación grave y sistemática de los derechos fundamentales de NNA del sistema residencial, cuyos antecedentes en detalle fueron puestos en conocimiento de la Corte Suprema. La acción interpuesta por la magistrada Jeldres se basa, sostiene los parlamentarios, en la constatación de los siguientes hechos:
a) La falta de dirección del CREAD producto de la licencia médica prolongada de su director.
b) La sobrepoblación de NNA en el centro producto de medidas apresuradas en cuanto al cierre de CREAD y residencias.
c) Número considerable de NNA en condición de “fugados”.
d) Falta de personal suplente de los titulares que hacen uso de licencia
médica que agrava la situación de abandono y descontrol del centro.
e) Condiciones estructurales de baños de NNA y funcionarios
insalubres.
f) Desescolarización y rezago escolar de los NNA.
g) Acceso a drogas a los NNA producto del comercio existente en las
afueras del centro y existencia de redes de explotación sexual que hacen seguimiento a los NNA de este y otros centros.
h) Fracturas y heridas frecuentes que sufren los NNA al acceder a las techumbres, sin mayor control ni medidas de seguridad.
Efectivamente, y como bien constató Tus Noticias, el 3 de agosto del presente año la magistrada Mónica Jeldres y su abogado Branislav Marelic, asistieron a la Comisión de Infancia del Senado y aportaron más antecedentes de la medida cautelar. En su presentación, refirieron uno de los casos que motivaron la acción, específicamente el de una adolescente que registra su primera medida de protección cuando sólo tenía 8 años y hoy ya tiene 16. Dicha adolescente, cuyo nombre se mantiene en reserva, ha sido ingresada a distintas residencias, algunas solicitadas por su curador, desde donde se fuga permanentemente. Se ha pedido en reiteradas ocasiones su ingreso a una unidad residencial de corta estadía y que fuera oída, cuestión que se niega, y se insiste en su reingreso a la residencia, en circunstancias que se sabía de la existencia de una red de explotación sexual infantil que rondaba dicha institución.
La adolescente, señala la magistrada, fue secuestrada y violada reiteradamente durante varios días, por adultos que pagaban a un tercero por los servicios que aquel ofrecía utilizándola, situación que sólo fortuitamente pudo ser conocida por la autoridad y que, sin embargo, ha generado un daño físico y emocional irreparable en la adolescente, encontrándose la adolescente sin paradero conocido hasta el día hoy.
Los hechos denunciados por la magistrada Jeldres, parecen reflejar una situación crónica del CREAD Pudahuel, pues antecedentes similares se constatan en el informe de visita a la residencia realizada por la Defensoría de la NIÑEZ en el
mes de noviembre del año 2020 y en el que la autoridad señala lo siguiente: “En definitiva, al momento de la visita, contaban con sólo seis trabajadores sociales y cuatro psicólogos para los más de 100 adolescentes residentes, lo cual es del todo insuficiente. Además, varios de aquellos profesionales se encontraban acogidos a la modalidad de teletrabajo al momento de la visita”.
Y continua el informe de la Defensora de la Niñez: “En el recorrido por las dependencias se pudieron apreciar diversos aspectos de infraestructura que se encontraban en precarias condiciones de habitabilidad, higiene y ventilación. Estos, en general, variaban de acuerdo a las casas.” “En la totalidad de las casas, los baños se encontraban en un espacio común que estaba conectado con el resto de las instalaciones, no existiendo ninguna puerta de separación, lo que generaba dificultades de dispersión de humedad y olores, preocupación levantada por los adolescentes en las entrevistas. Los problemas se acrecentaban con la falta de puertas en las duchas en la casa Make Make, lo que afecta de forma muy relevante su privacidad e intimidad”.
Con todos los antecedentes aportados por los parlamentarios llama sí, profundamente, la atención que los requirentes no expongan en debida forma la responsabilidad que al Ministro de Justicia y Derechos Humanos le toca respecto de estos hechos, más cuando respecto de algunos de quienes le han precedido en el cargo se abrieron y sostuvieron hasta hace muy poco investigaciones por el propio Ministerio Público, investigaciones que si bien no lograron acreditar ilícitos penales respectos de dichas pretéritas autoridades debieron, a lo menos, servir de guía del estándar que debe exigirse y al que debe aspirar y someterse la máxima autoridad del sector justicia.
Lo anterior es todo lo contrario a lo que, sin embargo, ha sido el actuar y rol que Hernán Larraín le ha impuesto y ha desempeñado desde la cartera del Justicia, lo que nos hace traer a la memoria, siempre frágil por cierto, la historia de este connotado Coronel de la UDI, ferviente partidario de la dictadura de Pinochet y entrañable defensor de la Ex Colonia Dignidad cuyos nexos con Paul Schäfer son de público conocimiento, ello al punto que la conocida mundialmente plataforma Amazon Prime al promocionar el documental “Dignidad” recordara, precisamente, que el actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, defendió a Paul Schäfer con tal convicción y vehemencia de llegar a firmar una carta pública en defensa de la entidad que como sabemos, y ya en ese tiempo se denunciaba profusamente, albergó una de las sectas más siniestras en la historia de Chile y en cuyas instalaciones se detuvo y torturó a opositores a la dictadura que respaldó, también, Hernán Larraín, y cuyo máximo jerarca, el mismísimo Paul Schäfer, fuera condenado en el año 2005 por abusos contra menores de edad.
Curioso, entonces, el actuar del ministro Larraín, quien, con todos estos pergaminos e historia, al parecer, pasa colado frente a la vitrina y agudo ojo crítico de un país donde a los niños, niñas y adolescentes se les sigue vulnerando por el Estado llamado a protegerles y donde la máxima autoridad del sector justicia brilla por su ausencia una y otra vez.
Así las cosas, y como han señalado los propios parlamentarios, esta comisión investigadora resulta urgente, pues los antecedentes expuestos reflejan debilidades de las instituciones del Estado a cargo de garantizar la protección de las niñas y adolescentes que están en cuidados alternativos del Estado, sea este SENAME o la nueva institución a cargo, planteando la necesidad de fiscalización por parte de la Cámara, a lo que la opinión pública espera se sume una exhaustiva investigación del rol que en ello le ha cabido a quien como Hernán Larraín, tiene mucho que contestar.
