Algo impensado para estos tiempos, pero sin duda posible para el Ministro de la SEGPRES quien, en pocas palabras anticipa una parálisis legislativa, por ejemplo en el área de salud y su objetivo de terminar con las Isapres ¿Excusa o realidad?
A poco menos de un mes para que se dé fin al Proceso Constituyente y se disuelva el ente redactor de la nueva Carta Magna, desde el Ejecutivo se ha comenzado a reforzar la idea de que, de continuar en vigencia la actual Constitución se hará mucho más complejo que avancen las nuevas reformas del programa de gobierno.
“Hay cosas de nuestro programa que ven un impedimento, un obstáculo certero en la actual Constitución (…) La reforma de salud no se puede hacer”, fue lo manifestado recientemente por el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, en conversación tanto con Estado Nacional como con El Mercurio. Sin embargo, estos dichos no son nada nuevo, puesto que este punto ya había sido tocado por el gobierno, incluso antes de asumir como tal.
Una idea completamente respaldada por el Presidente Gabriel Boric, quien sostuvo que “lo que dice el ministro Jackson es algo que es a todas luces evidente”, y es que lo planteado por el Secretario de Estado, señala directamente a la nueva Constitución como una condición necesaria para que las reformas del actual gobierno puedan ser viables.
En el caso específico del Sistema de Salud, la creación de un sistema único y universal que dé fin a las Isapres, como el propuesto por el gobierno, se contrapone al artículo 19, numeral 9°, el cual señala que “el Estado protege el libre e igualitario acceso” a la salud. “Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”.
En cuanto al caso del aborto legal amplio, las adversidades se encontrarían en el mismo artículo 19, pero en su numeral 1°, el cual establece que “la ley protege la vida del que está por nacer”. Una situación que vuelve a repetirse ante el plan de gobierno, de dotar de mayores recursos y atribuciones al Sernac, lo cual también obligaría el cambio de la actual Carta Magna.
Debate entre parlamentarios
Sin embargo, estas declaraciones sacudieron fuertemente a algunos de los sectores del oficialismo, sobre todo al del Socialismo Democrático, quienes advirtieron que las reales limitaciones para llevar a cabo estos cambios estructurales, van más allá del actual texto constitucional y que en verdad tiene que ver con que el gobierno “no cuenta con las mayorías necesarias en el Congreso para probablemente aprobar las iniciativas tal cual ellos pretenden plantearlas”, como lo señaló el senador independiente pro PPD, Pedro Araya.
“Lo que no puede ocurrir es que se homologue la suerte del Presidente y del gobierno al resultado de la constituyente. Pase lo que pase, tiene que haber un programa en ejecución. La reforma de salud que planteó Lagos en los 2000 no prosperó por no tener mayorías políticas, no por el tema constitucional. Seamos sinceros: si en cada caso va a haber una razón asociada a una nueva Constitución, el gobierno debe decir el paquete completo (de reformas) que están aparejadas a la nueva Constitución”, criticó el senador PS, Juan Luis Castro.
Por otra parte, el senador RD Juan Ignacio Latorre, apoyó los dichos del ministro Jackson diciendo que “para nosotros es muy importante el éxito del proceso constituyente, no solo para habilitar ciertas reformas, por ejemplo en materia de salud, en materia de seguridad social (…). Pero no hay que olvidarse que la nueva Constitución no está hecha en función del Presidente Boric, sino que está pensada para los próximos 30 años y va a tardar más de un gobierno en implementarse correctamente”.
Al igual que Daniel Núñez, senador PC, quien agregó que “si bien técnicamente uno puede reformar la actual Constitución, obviamente requiere muchos más votos y eso lo hace mucho más complejo, por lo tanto, desde el punto de vista político es real que con la Constitución actual de Pinochet se nos hace más difícil el cumplimiento de las transformaciones”, dijo al medio Emol.
Finalmente, ya que esta discusión afecta de forma directa al proceso constituyente, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, se refirió al tema en entrevista con Radio Cooperativa, en donde señaló que “no me parece razonable vincular la aprobación al Presidente con el trabajo de la Convención” y que la nueva Constitución es una materia a largo plazo, por lo cual “vincular el contenido de la Constitución a un Gobierno es generalizar una realidad, y una realidad que debiese ser para los próximos cinco o 10 gobiernos”.
