Eran las 11 am del día martes 21 de noviembre del 2023 en Valparaíso y se iniciaba la discusión de la ley de presupuesto del sector público para el año 2024 en la Sala del Senado, abriendo la sesión inicial su Presidente el Senador Juan Antonio Coloma, quien ya el día anterior, y como todos los Senadores del Maule, había recibido en el Ex Congreso en Santiago la visita de los trabajadores del Casino de TALCA y empresas afines como las de restaurante y hotelería del mismo recinto, quienes le advirtieron a Coloma y a sus demás colegas que el próximo 26 de diciembre, irremediablemente, y si no hacían algo sus máximos representantes, y pronto, todos absolutamente todos los trabajadores, mayoritariamente mujeres, perderían sus fuentes de ingresos para sus familias por el término de las operaciones de sus empleadores justo al día siguiente de navidad, ello ante la nula previsión y solución por el regulador, precisamente la Superintendencia de Casinos de Juegos, de la vacancia generada en el tiempo intermedio entre la adjudicación de la nueva licitación por aquel mismo regulador realizada, y ya concluida, y el inicio de las operaciones del nuevo adjudicatario, la empresa DREMS, dado que esta última tenía por ley un plazo de dos años para construir la infraestructura comprometida en la licitación, y con la que se había adjudicado el único Casino de la Región del Maule en un punto distinto del que pretendía el actual operador y competidor derrotado.
Los trabajadores y trabajadoras que participaron de las conversaciones sostenidas con los cinco Senadores del Maule, sostienen que todos, cual más cual menos, se mostraron absolutamente sorprendidos por la inmediatez del grave problema planteado y, muy especialmente, porque la realidad descrita con preocupación y pesar por los trabajadores fuera una situación no prevista ni anticipada por el regulador y, claramente, no informada al Gobierno oportunamente con alternativas precisas de solución, todo lo que los trabajadores no sólo ratificaron absolutamente, sino que acentuaron al informarles a los Senadores que la Superintendente, la geógrafa Vivién Villagrán Acuña, quien si bien les había recibido – no podía de ser de otra forma -, no les había dado ninguna alternativa de solución y se había desentendido del problema, señalando que no tenía facultades para interpretar la ley y menos para determinar la prórroga del funcionamiento del actual operador del casino de TALCA, como le solicitaban los trabajadores como medida paliativa.
Como podéis apreciar estimados lectores, una verdadera comedia del absurdo con el gentil auspicio de un regulador más parecido a Cantinflas que a un funcionario que entiende el ámbito de sus competencias, facultades y obligaciones, pues es de público conocimiento, como se lo hicieron saber los propios trabajadores en las audiencias tanto a la Superintendente como a los Senadores, que aquélla si tiene facultades de interpretación de la ley de Casinos, las ha sostenido públicamente y existe ya una ordenanza de dicho regulador que aplica precisamente la solución solicitada por los trabajadores respecto de las concesiones municipales en idéntica situación. Y para muestra un botón, como dicen los propios trabajadores, ahí están los casinos de Iquique y de Puerto Varas prorrogados en sus operaciones y a la espera de las construcciones de los proyectos ofrecidos por los nuevos adjudicatarios de las respectivas licitaciones, en el primer caso por casi 5 años ya, y en el segundo por casi 3 años.
Para quienes no tienen cercanía con estos temas les informaremos que las licencias para Casinos en Chile se licitan cada 15 años, existiendo de dos tipos: 1.- las siete municipales e históricas con la más conocida a la cabeza, la de Viña del Mar, y donde de seguro muchos pusimos nuestros primeros pasos y ojos como turistas; y 2.- las que partieron con la nueva ley de Casinos, a comienzos de este siglo, permitiendo a todas las regiones y comunas del país poder aspirar a contar con uno de ellos en sus territorios, de la mano de promesas de proyectos de desarrollo turístico e inversiones que generarían – de hecho lo han hecho – buenos puestos de trabajo e ingentes ingresos para no sólo los municipios sino, también, para las regiones de asentamiento de dichos proyectos.
Sin embargo, la ley a poco andar mutó de un modelo de concursos por Proyecto a uno de sobres u ofertas económicas, donde lo más importante no es el Proyecto que se ofrece a la comuna y región, como había diseñado el legislador inicialmente, sino la oferta económica que se hace por los postulantes para poder adjudicar.
En suma, en adelante sería la plata ofrecida la que determinaría la adjudicación, así el proyecto fuera malo o derechamente inviable.
Todo lo anterior unido a un regulador que no ha entendido su rol, y que lo acontecido esta semana acredita, tiene a la industria cuestionada, bastante paralizada como en los casos de Iquique y Puerto Varas ya señalados, investigada por colusión de sus principales operadores en las licitaciones pasadas que constituían la primera renovación de permisos después del inicio de la nueva ley de Casinos, trastocados los incentivos económicos por la instalación de la oferta económica y el desplazamiento de la postulación por Proyectos, y con nula capacidad y vocación por proteger los puestos de trabajado de miles de hombres y mujeres que gracias a este sector económico han podido acceder a mejores remuneraciones que el promedio, mejores ambientes laborales y mayores oportunidades para sus familias.
Frente al drama de una Navidad en la cesantía que amenaza a miles de familias del Maule, y que precisamente ellas fueron capaces de transparentar, informar a las autoridades y comunicar públicamente, toca nuevamente a los Senadores del Maule en especial, y al Congreso en general, solucionar esta manifiesta chambonada del regulador y que el ejecutivo ha manifestado su intención de solucionar a la brevedad, ello mediante una norma en la ley de reajuste del sector público (diciembre 2023-noviembre 2024), y próxima a discutirse en el Congreso, que extienda la actual operación del casino de Talca hasta que entre en funciones el nuevo adjudicatario, precisamente la alternativa que la Superintendente Vivián Villagrán negó a los trabajadores en su reunión con ellos horas antes de la solución dicha y que terminara anunciando el propio Gobierno, vía el Ministro de Hacienda Mario Marcel.
Efectivamente algo no está bien en la Superintendencia de Casinos de Juegos de Chile, y la semana que recién pasó lo acreditó con toda fuerza y claridad. Toca al Gobierno hacerse cargo de ello, más cuando importantes ingresos para la caja fiscal, municipal y regional están en juego.
Editor General Tus Noticias
