En sesión, convocada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, la Asociación de Notarios, encabezada por Alfredo Martin y su directorio, expuso los aspectos que se deberían salvaguardar al momento de legislar. También pusieron en la mesa los contenidos del proyecto de ley el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.
La necesidad de simplificar los trámites y avanzar en la modernización del sistema planteó la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
La actividad, que se realizada en la sede del ex Congreso Nacional, fue presidida por su presidenta, senadora Luz Ebensperger. En representación de la asociación, asistieron su presidente (s) Alfredo Martin, y el vicepresidente Carlos Miranda, Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
En el encuentro estuvo presente el ministro de Justicia Luis Cordero, quien expuso sobre los contenidos del proyecto de ley que “Suprime o modifica la intervención de notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas”, que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional.
Martin, señaló que la Asociación que el gremio notarial “ha sostenido desde hace años la necesidad de simplificar algunos trámites”, aunque aclaró que no corresponde al gremio determinar cuáles, sin embargo, precisó que hay que tener presente que si estos trámites dicen relación con documentos que se refieren a hechos propios, o corresponden a actos o contratos que, por su trascendencia o efectos, deben mantener ciertas formalidades y seguridades para el debido resguardo de los derechos de terceros, patrimoniales o actos de familia.
En el actual proyecto, añadió el dirigente, “se observa que se elimina la intervención notarial en determinados actos, y elimina la formalidad de que algunos documentos, públicos y privados, para que sean reducidos a escritura pública”, además se planteó ante la comisión que el objetivo que se busca mediante la fe pública, es que los actos y contratos que emanan de esos trámites entreguen seguridad, credibilidad, certeza y estabilidad jurídica.
En ese sentido señalan desde la Asociación, que no hay inconveniente que se elimine la intervención del notario en determinados trámites en documentos privados como tampoco en aquellos que involucre una declaración de hecho propio, tales como certificado de residencia, certificado de ingresos, certificado de estado civil u otros similares.
Asimismo, precisó que hay una situación distinta cuando se trata de documentos que tengan efectos en derechos de terceros, efectos patrimoniales o si se refiere a actos de familia y en ese sentido, el presidente (S) Alfredo Martin hizo ver a la Comisión que hay algunos trámites que tanto el Estado como las instituciones han ido incorporando al quehacer notarial y que no son emanados desde los ministros de fe pública.
“Comúnmente se cree, e incluso se nos llega a criticar públicamente por eso, que somos los notarios los que establecemos los trámites, y sabemos que no es así, ya que éstas son las normas legales y reglamentarias que favorecen a diferentes instituciones o personas, si es que estos últimos así lo establezcan requieran”.
INTERVENCIÓN DEL MINISTRO CORDERO
Por su parte el ministro de Justicia Luís Cordero, también expuso ante la Comisión e hizo un resumen de los principales aspectos que aborda el proyecto para disminuir los trámites y diligencias que deben realizarse ante o por un notario.
El secretario de Estado, detalló los cuatro contenidos principales del proyecto de ley:
A) Eliminar la obligación de reducir a escritura pública decisiones que constan en actos administrativos o emitidas en el contexto de un acto administrativo; B) Incorporar el uso del documento electrónico con FEA como alternativa a la participación del notario en ciertos trámites especiales;
C) Suprimir actuaciones notariales que se han estimado innecesarias en otros casos;
D) Limitar la demanda administrativa de actuaciones notariales.
Por ahora, el Senado ya aprobó la idea de legislar y el proyecto vuelve a la Comisión de Constitución para su trámite en particular.
