El allanamiento ocurrió la primera semana de marzo y Bravo negó la acción policial, acusando la situación como un caso de “Operación Política” comunicacional.
En contexto del bullado Caso Convenios, donde platas públicas que debían ser utilizadas para los trabajos en distintas regiones de Chile, pero que fueron destinadas a cuentas personales de familiares o amistades de funcionarios públicos, y que fueron adjudicadas a fundaciones que tenían importantes vínculos con estos trabajadores sigue resonando en la palestra política.
Esta oportunidad apunta a la Gobernadora Regional del Maule, Cristina Bravo (DC), a quien en marzo pasado le incautaron su iPhone 13 personal y el computador de escritorio institucional, tras verse relacionada a posibles delitos de tráfico de influencias y fraude al fisco.
Lo anterior, -según escribió Ex Ante-, debido a que desde el GORE del Maule se transfirieron cerca de $264 millones a la Fundación Urbanismo Social, que tiene vínculos con Revolución Democrática (RD), consigna Diario Público.
La información la dio a conocer Contraloría el pasado 9 de noviembre de 2023, donde también dio cuenta que junto a Urbanismo Social, también estaban otras tres: Fundación Tejido Social, convenio que inició en 2021 por casi $17 millones; Fundación Semilla, acuerdo que comenzó en 2022 por unos $271 millones, y Fundación Participa, acuerdo que inició en marzo de 2023 por $379 millones.
En total, el órgano contralor resolvió que son cerca de $932.833.626 el monto defraudado desde el GORE del Maule. Por esto, en marzo pasado se realizó el allanamiento a las oficinas, donde se llevaron los equipos.
No obstante, la autoridad regional negó el allanamiento y dijo a Linares en Línea que “yo se lo digo que el día jueves no se ha allanado el gobierno regional del Maule, lo puedo asegurar, como que me llamo Cristina Bravo”.
“Desde el primer día hemos entregado toda la información solicitada y siempre hemos estado disponibles para colaborar” y que “los procedimientos han sido llevados a cabo a través de oficios del Ministerio Público y otras diligencias específicas, y no mediante un allanamiento tal como se ha reportado en los medios de comunicación”, sostuvo el 12 de marzo de este año.
Apoyo a Bravo
Diario Público destacó que el alcalde de Curicó, Javier Muñoz (DC) salió en defensa de Cristina Bravo y ambos desmintieron el allanamiento argumentando que todo sería una “Operación Política” comunicacional en su contra.
En conversación con radio Condell, el edil señaló que “aquí hay una maquinación” y que “esta noticia es falsa, ni en marzo ni en febrero ha habido un allanamiento en el gobierno regional”.
En esa línea aseguró que Bravo va a estar “expuesta durante todo este año a una serie de inventos y críticas muchas de ellas infundadas basadas sobre la mentira”.
Muñoz negó el allanamiento al igual que la GORE del Maule, a pesar de que un documento revela que este se produjo efectivamente la semana del 6 de marzo de 2024.
Durante esa fecha, la diputada Paula Labra (RN) ofició a la PDI para que despejaran la veracidad del allanamiento y aclaró que “en caso de ser efectivo el allanamiento, las palabras de la gobernadora son gravísimas, y ameritaría por lo menos una acción política contundente”.
Tráfico de influencias
Ex Ante escribía el 9 de noviembre que el Gobierno Regional del Maule requería de personal de confianza para desempeñar labores al interior de Urbanismo Social. En ese aspecto, el GORE pidió contratar a tres personas: Aily Soto, Ingeniera Comercial; Rodrigo Véliz, trabajador Social; y Javier Ahumada Ramírez, concejal de Curicó.
Sin embargo, no informaron que de los nombres propuestos, Aily Soto Salinas, es la pareja del hermano de Jorge Fajardo (jefe de División del GORE) y madre de las sobrinas de ese jefe de división, además de de que Rodrigo Véliz es pareja de la asesora jurídica del Gore, Ariosha Villarreal.
Se requería personal de confianza por la complejidad del trabajo en los barrios a intervenir, por lo que la Fundación Urbanismo Social reclamó y se resolvió que se podía contratar solo a una persona y este debía ser jefe de proyecto.
Así las cosas, otro de los jefes de División del GORE, Marío Ramírez participó de las entrevistas a dos candidatos postulados por el GORE para el cargo. Pero luego el aludido presentó a Javier Ahumada Ramírez nuevamente.
Al respecto, la Fundación explicó en una carta a Bravo la razón por la que no podían contratar al concejal, mientras que Contraloría tomó declaración a Jorge Fajardo y Mario Ramírez, pero estos negaron los hechos.
“La conducta de hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero, habría vulnerado el principio de probidad”, advierte la Contraloría en el informe.
De hecho, el contralor Jorge Bermudez señaló en ese entonces que “esto ya está acreditado en el informe, lo que no está acreditado es la responsabilidad. Pero el hecho objetivo está acreditado con distintos medios de prueba y este informe del Gobierno Regional del Maule se fue al Ministerio Público también, porque da cuenta de un tráfico de influencias muy indebido y la Contraloría va a iniciar un sumario administrativo por lo mismo”.
Observaciones de Contraloría
La principal arista de la investigación es el eventual ‘intercambio’ que habría entre el GORE del Maule con las fundaciones con el mecanismo de contrato de personas de confianza para la autoridad -ligadas a la DC y RD- a cambio de otorgar los millonarios proyectos.
Respecto de los convenios, Contraloría expuso que no se “ponderó ni consideró el patrimonio de las fundaciones a las que se les entregó recursos a fin de resguardar debidamente el patrimonio fiscal”, junto con que “los formularios de postulación no contaron con la totalidad de la información necesaria que permita acreditar el cumplimiento de los antecedentes exigidos para su postulación”.
La “falta de experiencia de las iniciativas, inicios de actividades cercanos a la celebración de los convenios” y “ausencia de identificación de los beneficiarios”, serían causas que llamaron la atención del órgano contralor sobre la adjudicación de dineros públicos a fundaciones en la región del Maule.
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