Según se dio cuenta, son al menos 59 funcionarios del colegio que se vieron afectados por las vejaciones y malos tratos de la profesional de la educación.
Durante el mes de febrero, la comunidad educativa del Colegio Municipal Jesús Andino, de la comuna de Codegua, en la región de O’Higgins, envió una carta a la senadora Ximena Rincón en la que dieron cuenta una serie de irregularidades que se vivieron al interior del recinto durante la gestión de la exdirectora Daniela María Cortés Hinojosa entre 2022 y 2023.
En específico, se trata de una misiva con 41 puntos en los que docentes, administrativos, apoderados y actores del establecimiento educacional relatan situaciones de violencia, amedrentamientos, agresiones, acoso y falta de voluntad por parte de Cortés.
El caso en el que más se puede ahondar es el de la expareja de la directora y docente de la Unidad Técnico Pedagógico (UTP), María Carolina Silva Melero, quien confirmó en el documento que estaban separadas debido a los episodios de violencia. Uno de ellos tuvo lugar el 15 de septiembre de 2022, donde Cortés le lanzó una calculadora a la docente UTP, luego la empujó, le tiró la chaqueta y le pidió que le mostrara su teléfono, situación que a la que ella se niega. Luego, María Carolina se dirige al estacionamiento y se da cuenta de que la directora la venía siguiendo. Tras varias situaciones de maltrato y persecución por parte de autoridad educativa, Carolina fue diagnosticada con crisis de pánico, trastorno del sueño y reacción de estrés agudo, y debió acudir a terapias y medicamentos para sobrellevar todo lo vivido.
Otro caso, por ejemplo, es el de la docente Jimena Espinoza Palma, quien dio a conocer que todas las denuncias que se realizaron por el conducto regular, tanto por la DAEM, a la sostenedora y a contraloría, y que iban dirigidas a la Superintendencia de Educación. Ante la divulgación, el alcalde de Codegua, José Alexis Flores, recopiló los antecedentes para abrir un sumario administrativo y se designó al fiscal Mauricio Cáceres Vallejos, quien a la fecha aún no revela avances de la indagatoria.
Ambos relatos son parte de los 41 casos mencionados a lo largo de siete hojas, en un documento firmado por la Dirección General de Padres y Apoderados (DGPA) del establecimiento y en el que confirman los sucesos ocasionados por Cortés, así como por parte del psicólogo Sebastián Valenzuela y la inspectora general, Érika Aguilera Vida, quienes también se sumaron a la actitud de Daniela Cortés.
A medida que los malos tratos aumentaron, 59 funcionarios de la comunidad educativa se vieron obligados a acudir a la Mutual de Seguridad por diferentes episodios donde relataron las vejaciones y malos tratos provocados por Cortés; razón por la que la firma médica emitió un comunicado dirigido a la sostenedora del recinto
En dicho documento, la Mutual destacó que los funcionarios padecían estrés, trastornos del sueño o ansiedad, entre otros, ya que la directora presentaba un “liderazgo disfuncional” al general un clima laboral hostil, puesto que entre las acusaciones se rindió que la autoridad provocó situaciones de conflicto entre miembros del equipo educativo, que discriminó al cuerpo docente o administrativo de instancias de Consejo.
Desde el Centro General de Padres y Apoderados (CGPA), apuntaron a que la información de cada suceso se presentó a la sostenedora y jefa de la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM), Soledad Pérez en su respectivo momento, pero no hubo intervención alguna.
Pese a no tener una respuesta, Cortés debió ser removida luego del comunicado emanado por la Mutual de Seguridad. Al respecto varios concejales de Codegua, entre ellos Ana María Silva Gutiérrez, solicitaron a través de Ley de Transparencia a que la sostenedora revelara el comunicado de la Mutual y del curso que lleva la investigación, pero esta se niega a liberar los archivos.
Lo anterior, constituyen a obstáculos que han ralentizado el proceso investigativo y las soluciones que tendrán en este caso las víctimas de Daniela Cortés.
Por ello es que desde el Centro de Padres instaron a la parlamentaria Ximena Rincón a mediar y darle celeridad a esta investigación, para que esta se haga pública y se puedan conocer las sanciones que aplicarán a las personas acusadas de menoscabo laboral.
Por Sebastián Muñoz Soriano – Sigue a Tus Noticias en Instagram y Threads
