Las razones son que el órgano no tiene las atribuciones ni el tiempo para gestionar y realizar el procedimiento, mientras que el PC valoró la iniciativa
Por Sebastián Muñoz Soriano
El pasado 27 de julio se informó que el Consejo Constitucional no realizará la consulta indígena –iniciativa Alihuen Antileo, único miembro del órgano redactor que representa a las comunidades indígenas. La propuesta fue promovida por el Ministerio de Desarrollo Social y la decisión del órgano pasaría a llevar el convenio internacional 169 de la OIT y que afecta directamente a la participación ciudadana de los pueblos indígenas en el país.
En la instancia, la Presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, sostuvo que “este órgano carece de atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias para realizar una consulta indígena, y por tanto, no procede que este Consejo Constitucional realice tal consulta”. Además, por medio del posterior comunicado, se enfatizó que “no es la entidad competente” y que es “órgano excepcional, de carácter temporal y cuya única misión es la de redactar una propuesta de texto de nueva Constitución”.
Del mismo modo, Pilar Cuevas, representante de Renovación Nacional en la mesa redactora, señaló a El Mostrador que “es altamente irresponsable asumir un desafío que no tenemos las atribuciones legales ni los recursos ni el tiempo para realizar con el respeto que se merecen nuestros pueblos originarios”.
Por su parte, Alihuen Antileo conversó con el Diario Constitucional y explicó que la mayoría de los miembros que redactan la futura Carta Magna son personeros de las bancadas de Republicanos y Chile Seguro, “lo que impide que se escuche la opinión de los distintos pueblos indígenas sobre esta materia”, ya que “la decisión representa un retroceso en el sentido de que demuestra un cierto grado de intransigencia política y de imposición de mayoría numérica”.
En esa línea, el Partido Comunista (PC @PCdeChile) emitió un comunicado en el que valoró la propuesta sosteniendo que “la consulta Indígena es un compromiso del Estado de Chile, soberanamente aceptado mediante la suscripción del Convenio 169 de la OIT. Su realización no es una opción, sino una obligación” y agregaron que la oposición “ignora el deber de guiarse buscando la más alta participación democrática en el proceso, especialmente respecto de grupos históricamente discriminados como los pueblos originarios”.
¿Qué es el Convenio 169 de la OIT?
Según el Convenio 169 de la OIT, este tiene como postulado “el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan”.
Así, el artículo 6, numeral 1, inciso a), establece que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Es por eso que el PC emplazó al Consejo Constitucional y expresó que “la Constitución tiene efectos legislativos y administrativos que deben ser consultados. Es tan así, que los dos procesos constitucionales anteriores contaron con consulta Indígena”, y acusaron que “resulta paradojal que el Anteproyecto reconozca por primera vez a nivel constitucional los derechos de los pueblos originarios y que, al mismo tiempo, esta decisión de la Derecha niegue uno de sus derechos más básicos”.
