Los dineros que hacienden a una cifra cercana a los 3 mil millones de pesos, habrían sido ocupados para pagar deudas privadas.
Se le vino la noche a parte del Ejercito. Esto, porque el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, dictó una orden de detención contra 800 militares, entre los que se encuentran unos en servicio activo y otros retirados de la Institución. Se trata de uno de los mayores escándalos ocurridos al interior de las FFAA donde se calcula que existen delitos por unos $3.000 millones de pesos.
Fue en 2018 cuando el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), iniciaron esta investigación por malversación de fondos públicos que fueron a parar pagar deudas privadas. Hechos que según la carpeta investigativa se vienen realizando desde 2008, donde cerca de 300 de los imputados aún se desempeñan en el Ejército.
Ese mismo 2018 el Fiscal Palma comenzó esta acuciosa investigación donde elaboró un registro en los Comandos de Personal, Telecomunicaciones y Dirección de Finanzas del Cuartel General del Ejército en Santiago, siendo en ese entonces poco más de 300 los militares investigados.
Según consta la carpeta investigativa, el fraude se realizó a través de contratos a honorarios o pago de sueldos a personal retirado y comisiones de servicios que no se realizaron, pero donde sí hubo un pago a modo de compensación por pérdidas económicas individuales, todo ello a raíz del término del FAM o Fondo de Ayuda Mutua, un sistema informal de ayuda solidaria que operaba en Coyhaique desde 1950 y el cual fue anulado por el Ejército en 2006.
“Una vez que el Fondo de Ayuda Mutua se cerró, se implementaron medidas para paliar el perjuicio causado a los funcionarios y en un primer momento, esas medidas estaban dentro del marco reglamentario y legal, que era realizar comisiones de servicios o dar prioridad a aquellas personas que habían sido perjudicadas económicamente”, explicaba Palma en 2018.
“Sin embargo, y eso es lo que se está investigando desde el punto de vista penal, en algún momento las comisiones de servicio se decretaban y pagaban, pero no se hacían; los contratos de trabajo que se suscribían no llevaban aparejado en la práctica la realización de trabajo, por lo tanto, existía salida de dinero sin justificación, y en algunos casos, extensión de los beneficios post retiro a un plazo mayor al legalmente permitido”, hizo saber.
Cabe señalar que las penas por fraude fiscal, dependiendo los montos y reiteración en los hechos, van desde los 541 días de presidio a penas de crimen, es decir superiores a los cinco años y un día de cárcel.
Corte Marcial:
Cabe señalar que existe otra investigación paralela en curso contra el Ejercito por malversación de caudales públicos, donde a fines de agosto de 2020 la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford Parentti, sometió a proceso a siete miembros en retiro del Ejército por su responsabilidad en el delito reiterado de malversación de caudales públicos. Ilícitos que habrían cometido entre 2013 y 2018, en el denominado caso “Fraude en el Ejército”.
En la resolución, Rol Nº 575-2014, la ministra en visita procesó a Jorge Rodolfo Cortés Díaz, Sergio Alvarado Vásquez Undurraga, Paublo Ignacio Rosas García, Jorge Rojas Meissner, Jozo Aurelio Santic Palomino, Rodolfo Guillermo Hidalgo Fariña y Cristóbal Ignacio Butti López, por varios ilícitos y fraudes con dineros públicos.
Testimonios al interior del Ejército:
Las críticas al actuar delictual al interior de la institución no solo han llegado desde la rama castrense. Fue uno de los suyos, el Capitán Rafael Harvey quien denunció corrupción al interior del Ejército, siendo sorprendentemente expulsado por decreto del entonces Ministro de Defensa del gobierno de Piñera, Alberto Espina.
Todo comenzó en julio del 2015, época en que Harvey, presentó una denuncia en contra de oficiales superiores del Regimiento Tacna de San Bernardo, por el cobro indebido de implementación militar a soldados conscriptos de escasos recursos.
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