La investigadora de la Universidad Central de Chile se refirió a los riesgos que de retroceder en derechos sexuales y reproductivos en mujeres.
Este 16 de abril se conoció el “Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2024”, a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), organismo dedicado a la salud sexual y reproductiva. En él se reconoce la amenaza que existe en el avance de estos derechos, que afectan especialmente a las mujeres y niñas en el mundo.
Entre otras cosas, el Informe señala que a pesar de que 162 países cuentan con políticas para enfrentar la violencia de género, esta no ha retrocedido, y se mantiene como “una lacra endémica” en casi todos los países del orbe.
Asimismo, se alerta frente al aumento de la mortalidad materna en muchos países -con cifras que indican 800 mujeres mueren al día por esta causa- como también la dificultad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, sobre el número de hijos/hijas o disfrutar de su salud y derechos sexuales y reproductivos. Esto afecta especialmente a ciertos grupos, debido a su situación socioeconómica, su género, etnia, raza, territorio, discapacidad, situación migratoria, entre otros aspectos.
El Informe señala que “en 69 países, el 25% de las mujeres no tiene la posibilidad de tomar las decisiones más elementales sobre su cuerpo” como también que, “en casi 1 de cada 10 casos, utilizar anticonceptivos no depende de ellas”.
Por otro lado, se alerta en el Informe respecto de cómo ciertos líderes y sectores políticos atacan estos derechos como parte de su campaña. Ejemplo de ello es el caso de Argentina, donde el reciente electo presidente Javier Milei eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; prohibió el uso de lenguaje inclusivo y de la perspectiva de género en la administración pública; y desfinanció el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia.
En Chile no estamos tan lejanos a estas amenazas. Hace pocas semanas, 50 diputadas y diputados de la UDI, Renovación Nacional, Republicados y Partido Social Cristiano, presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar la ley que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, el que fue rechazado. También han buscado derogar la ley de aborto en tres causales, e impedido que se avance hacia una educación sexual Integral.
El Informe nos plantea un escenario complejo, que deja en evidencia la urgencia e importancia de avanzar en políticas de género que busquen terminar con la violencia, discriminación y desigualdad por razones de sexo y género.
Investigadora Trabajo Social U. Central
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