Esta gestión surge con el objetivo de transparentar los datos sobre los contratos entre el gobierno de Sebastián Piñera y la Universidad San Sebastián (USS) por los servicios de laboratorio durante la crisis sanitaria, resaltando su confianza en la gestión del exministro Paris
En el marco de las denuncias publicadas por CIPER, que señalan que el gobierno de Sebastián Piñera comprometió pagos por 3.500 millones de pesos a la Universidad San Sebastián (USS) por procesar exámenes PCR. Tras conocer eso, el diputado Andrés Celis anunció que oficiará al Ministerio de Salud y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales para obtener información precisa sobre estos contratos.
“Yo no creo que el doctor Enrique Paris haya actuado de mala fe. En lo personal, tengo la mejor impresión de él, sobre todo por su desempeño como exministro en un contexto de pandemia”, afirmó. “En cuanto a CIPER, también tengo la mejor opinión, pero mi responsabilidad es solicitar la información a través de los oficios correspondientes, para poder contrarrestar, transparentar y confirmar los datos”.
La investigación de CIPER Chile apuntó a que la USS habría recibido estos millonarios pagos por servicios de laboratorio, lo que ha generado dudas en cuanto a la transparencia de los contratos. Sin embargo, la Universidad San Sebastián desmintió cualquier irregularidad, subrayando su participación en la red de laboratorios coordinada por el Ministerio de Ciencia durante el periodo de emergencia sanitaria.
“Es cierto que pueden existir diferencias entre lo que señala CIPER y lo que expone la Universidad San Sebastián. Pero es relevante recordar que la Contraloría en su momento tomó razón de esos contratos y no los cuestionó, por lo que no veo cómo ahora se podría emitir un pronunciamiento distinto”, señaló el diputado Celis.
El parlamentario también subrayó la necesidad de avanzar en la presentación de dos proyectos de ley en lo que se encuentra trabajando para evitar posibles conflictos de interés en el futuro. El primero busca limitar los pagos a profesores en universidades privadas que se financian con CAE; y, El segundo propone establecer un periodo de espera o inhabilidades para exfuncionarios públicos antes de ingresar a instituciones que se financian con fondos públicos, salvo que su ingreso se deba a su capacidad técnica o profesional.
Asimismo, aclaró que el proyecto no aplicaría al doctor Enrique Paris debido a su trayectoria y experiencia técnica en el área de la salud. “Su carrera y experticia lo eximen de esta medida, que busca regular otras situaciones posibles”, explicó Celis.
Finalmente, el diputado reafirmó que su objetivo es transparentar los datos y asegurar que las decisiones tomadas durante la pandemia se revisen con la máxima claridad. “Estos oficios van en pos de la transparencia que merece la ciudadanía chilena. Solo queremos aclarar si lo publicado por CIPER y la USS es correcto y asegurar que todo fue hecho bajo los marcos legales”, concluyó.
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