Como una alerta preocupante para el país calificó Greenpeace el anuncio de que en USA el agua comenzó a cotizarse esta semana en Wall Street, en el mercado de futuros, según informó el Chicago Mercantile Exchange (CME) Group.
Acorde a la organización, el llamado de atención es que esto instale un precedente internacional, en países donde el agua aún no está garantizada para el consumo humano y ecosistemas y aún hay personas que, en el contexto de pandemia, no cuentan con este recurso ni para enfrentar adecuadamente la Pandemia. El ejemplo de Chile justamente demuestra la gravedad de avanzar en este sentido, donde el agua ya es una mercancía en manos de unos pocos.
Matías Asun, director de Greenpeace en Chile dijo: Lo que está pasando hoy en Wall Street, tiene su peor cara en Chile. Considerando que esta desigual asignación establecida en la Constitución de 1980 donde existen personas que no alcanzan a acceder a este vital elemento, nos posiciona como el estandarte de la desigualdad e injusticia social y ambiental que se vive en el país”.
Y agrega: “El mismo litro que se utiliza en la industria, la agricultura o la minería, antes llegaba a bosques nativos, humedales, y ecosistemas que mantienen nuestra salud y calidad de vida. Cuando se produce una competencia por un bien común como el agua, más aún agravada por la crisis climática, evidentemente se encarecerá el cuidado de estos ecosistemas e incluso el suministro que, como derecho humano, es responsabilidad de la mayoría de los estados. En Chile el ejemplo más claro de ello lo vimos este mismo año en mayo en medio del inicio de la crisis de Covid-19 cuando el gobierno deliberadamente anuló una resolución sanitaria que aumentaba la escasa cantidad de agua que se entregaba a distintas localidades en la Región de Valparaíso, argumentando razones de costo”.
Para tener una referencia en USA se decidió usar el índice Nasdaq Veles California Water (NQH2O), que se forma a partir de los precios de los derechos de agua en el mercado de futuros de las cinco zonas de California, con mayor volumen de transacciones de este tipo. Ello buscaría, según algunos expertos, conseguir un uso más eficiente del agua, específicamente de los derechos de uso de la misma, algo que en Chile, según Greenpeace, podría verse afectado dado el actual conflicto sobre este bien común, agravado por la actual crisis climática.
“Si bien no hay ninguna garantía de que esta medida tenga un impacto ambiental y social positivo, lo cierto es que no sería aplicable a países como el nuestro, donde el problema del agua no tiene precedentes ni paralelos; Chile tiene sus aguas privatizadas de facto y es un ejemplo internacional de cómo eso se traduce en injusticia y problemas sociales y ambientales: no cuidamos nuestras fuentes, como los glaciares; hay dueños de ríos completos; el agua se ha vuelto costosa para que el Estado la suministre e impagable para un sector vulnerable, mientras enfrentamos una crisis climática que ha reducido significativamente las lluvias. Chile es, por lejos, el epicentro de la visión mercantil sobre las aguas. Mientras en el resto del mundo los derechos de agua se constituyen por concesiones o licencias, en Chile está en manos de unos pocos que la han secuestrado a perpetuidad, amenazando todo lo demás, situación que está consagrada en nuestras leyes y en nuestra constitución vigente. Es decir, hemos llevado al extremo absoluto el problema de entender el agua como un recurso productivo en manos de privados”, explicó Asun.
Según la organización, deben existir sistemas de regulación para actividades productivas, especialmente considerando factores como la actual crisis climática donde cada vez habrá menos agua disponible, el riesgo de asignarle valor al agua sobre dichas actividades, sin un compromiso manifiesto de los Estados de resguardar la protección del medio ambiente y el consumo humano para una vida digna, implica un peligro mayúsculo, cuya evidencia en Chile se manifiesta en que miles de personas no reciben agua suficiente, situación que atenta con el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, situación que ha sido denunciada por relatores internacionales de Naciones Unidas..
Estas declaraciones ocurren a días de la liberación del informe del Centro de Producción del Espacio que señala que de los 29.001 titulares que poseen derecho de aguas consuntivos, el 1% concentraría casi el 80% del volumen total disponible en el sistema, es decir, que la desigualdad de concentración de la propiedad permanente de las aguas es casi absoluta en el país.
Greenpeace inició este año la campaña “Suelta el Agua” para conseguir recuperar y priorizar el agua para las personas y el medioambiente, evidenciando la gravísima situación de crisis hídrica que afecta al país producto de la privatización de facto de las aguas y las graves consecuencias que ello está generando para buena parte del territorio nacional, agravadas además por la crisis climática y la pandemia de Covid-19. Más de 100.000 personas ya se han sumado a la petición online.
