El gobierno ingreso 14 observaciones de tres tipos al proyecto, las que fueron calificadas como “satisfactorias” por parte del oficialismo.
En el marco de la agenda de Seguridad, el Congreso Nacional revisará esta semana el veto presidencial que el gobierno ingresó el pasado viernes a la polémica “Ley de Usurpaciones”, en el que se establece una diferencia entre “usurpación pacífica” y “usurpación violenta” y que modifica las penas de cárcel a quienes infrinjan la norma.
El veto, por su parte, tiene su origen en evitar que los propietarios hagan “justicia por mano propia” cuando un inmueble o terreno sea usurpado, lo que fue cuestionado por la oposición, ya que desde el sector advierten que el cambio propuesto a la ley impide que el delito sea sancionado con cárcel.
En esa línea, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Felipe Kast (Evópoli) dijo que la actitud del gobierno “genera desconfianzas”, ya que “veníamos trabajando en varios proyectos de ley y claramente yo, por lo menos, de aquí en adelante, después de lo que ha hecho el gobierno, no tengo ningún ánimo de sentarme con ellos en materia de seguridad, porque ya no les creo que les importa la seguridad. Tan simple como eso”.
Asimismo, agregó que “se acabaron las coordinaciones y reuniones de trabajo con el gobierno, porque lo que acaban de hacer es simplemente pasar por encima de un poder autónomo” y advirtió que actuarán con independencia desde la comisión.
Lo anterior, debido a que el gobierno ingresó 14 observaciones, de las que cuatro responden a un veto aditivo, cinco son supresivos, mientras que los últimos otros cinco son sustantivos.
Por eso, desde Chile Vamos adelantaron esta jornada que rechazarán el veto, ya que además de la legítima defensa, se propone modificaciones a la graduación de las penas y los instrumentos para concretar la restitución de los bienes. Sin embargo, existe conciencia de la dificultad de invalidar el plan del gobierno, ya que se puede retomar el texto original, pero este debe alcanzar el quórum de 2/3 para revalidarlo.
El senador y actual presidente de RN, Rodrigo Galilea, dijo que “creemos que esto es un paso en falso del gobierno ante una agenda de seguridad que nosotros entendíamos que íbamos a lograr sacarla de común acuerdo. Por eso, en Chile Vamos nos empiezan a bajar las legítimas dudas de cuánto compromiso existe respecto de cerrar todas las llaves a las conductas indeseadas que afectan la seguridad de los chilenos”.
De manera contraria se mostró Lorena Fries, diputada de CS e integrante de la Comisión de Seguridad, tras asegurar que “el veto es una respuesta satisfactoria en términos de eliminar los aspectos más peligrosos de esa ley”, ya que “durante toda la tramitación, la derecha se negó a llegar a acuerdo sobre todo en los aspectos más complicados de la ley, que tenían que ver con la legítima defensa privilegiada, pero también con darle las mismas penas a todo tipo de usurpaciones sin hacer distinciones y por otro lado, la posibilidad de encontrar un mecanismo de restitución de lo que es lo usurpado, que efectivamente se produjera antes de la formalización del delito de usurpación”.
Además, acusó que “lo que hace el Gobierno es actualizar el delito a las distintas realidades, ponerle distintas penas dependiendo del tipo de usurpación y dejar esto en manos de la fuerza pública, que es donde correspondía que estuviera. Entonces, es probable que se opongan al veto, pero eso sería una muestra más de lo poco razonables que ha sido en materia de seguridad”, manifestó Fries.
Asimismo, el presidente del PC, Lautaro Carmona, aseguró que las usurpaciones constituyen al “camino que siguieron una cantidad de grandes poblaciones en Chile, por la vía de las famosas tomas de terreno y el derecho a la vivienda”, lo que “no tiene nada que ver con una mafia de personas que ingresa a un territorio privado, sustrae todas las maquinarias, hace lo que quiere, se instala y por el terror domina” y agregó que actualmente “las dos tienen el mismo titular”, en referencia a la usurpación pacífica y la violenta.
Y continuó que “lo que quería la derecha es que frente a eso, en ausencia de las policías, el privado tuviera legalmente la posibilidad de defender por la fuerza ese patrimonio que estaría siendo usurpado” y acusó que el plan, que fue aprobado el pasado 30 de agosto por el Congreso, responde a “una ley del oeste, del que dispara primero y tiene buena puntería lleva las de ganar” y advirtió que los propietarios podrían contratar personas expertas en el uso de armas de distinto calibre para hacer valer la legítima defensa.
Por eso, Fries explicó que “no es lo mismo hacer una usurpación cuando no hay valla, cuando no se altera ni se produce un daño, que cuando uno hace una usurpación lesionando o matando una persona”. Por ello es que se debe “tener penas distintas, porque en eso consiste el código penal y establecer delitos. No son todos de la misma jerarquía, no todos afectan a los mismos valores y bienes y esa distinción la derecha no la hace”.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, sostuvo que “ni con la postura de la derecha dura, ni de la izquierda dura vamos a llegar a ninguna parte (…) Prefiero buscar el sentido común”, mientras que la timonel del PS, Paulina Vodanovic aclaró que “las (usurpaciones) violentas obviamente exigen que se actúen contra las personas y las no violentas pueden ser el ingreso a un predio, por ejemplo, que no tiene alambres -estamos pensando en un predio rural- que está demarcado o que ni siquiera está demarcado y se tome. Esa es una usurpación no violenta, porque no ha ejercido la violencia”.
Pero, Galilea replicó con que “hay un punto que queremos marcar que nos parece trascendental: no hay usurpaciones no violentas. Aunque no se aplique violencia material sobre una persona o cosa, la usurpación en sí ya es un acto violento”, sostuvo.
El sujefe de Evópoli, Jorge Guzmán acusó que hay una contradicción que fue calificada de “grave” y apuntó a que el Ejecutivo “le da en el gusto al Partido Comunista, pero afecta las relaciones con quienes incluso, desde el oficialismo, habían exigido penas más graves a quienes usurpan”, mientras que el presidente de la UDI, Javier Macaya, denunció que “lo que está haciendo (el gobierno) es ponerse del lado de los usurpadores”.
Finalmente, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma señaló que “el Gobierno ha tomado una mala decisión, porque ha desnaturalizado la ley. La esencia de lo que plantea es que no toda usurpación es violenta”, lo que “tendría solo sanción de multa y eso es una forma de debilitar la defensa del Estado de derecho. Toda usurpación es de naturaleza violenta”.
Tus Noticias
