Los magistrados suspendieron una sesión del máximo tribunal en apoyo a las protestas que rechazan la reforma judicial.
Los ministros de la Suprema Corte de México suspendieron este martes una sesión del Máximo Tribunal, en apoyo a las protestas de los trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma promovida por el oficialismo para elegir a los juzgadores por voto popular.
Al tiempo que empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevaron a cabo una protesta silenciosa dentro el recinto judicial para mostrar su rechazo a la reforma, los ministros se unieron a las manifestaciones al no celebrar una sesión programada para este mediodía.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, sometió a votación llevar a cabo la sesión “dado la manifestación con motivo de una solidaridad que los mismos trabajadores nos están solicitando o también como una manifestación de un paro”.
“Como una manifestación de apoyo y solidaridad con el Poder Judicial de la Federación, pero seguimos trabajando”, puntualizó Piña.
A favor de la propuesta, votaron ocho ministros, incluida Piña, junto con Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Javier Laynez Potisek.
En contra, se manifestaron las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf; mientras que la ministra Lenia Batres participó virtualmente, por lo que no pudo votar.
Ríos Farjat atribuyó su voto al “respeto a los compañeros que trabajan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
“Que no nada más somos nosotros, nos sumaríamos a que sean escuchados, a su petición de que sean escuchados”, comentó.
Momentos después, los ministros caminaron por los pasillos del edificio de la Corte, donde trabajadores sostenían pancartas en rechazo a la reforma judicial que desde este lunes se discute en el Congreso.
Reforma será votada en septiembre
El oficialismo prevé votar la reforma en el pleno en septiembre, cuando tendrá los dos tercios del Congreso, necesarios para modificar la Constitución, tras las elecciones del 2 de junio.
De aprobarse la reforma, los mexicanos irían a las urnas a partir de 2025 para elegir a jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte.
La polémica reforma al Poder Judicial en México ha derivado en preocupaciones de diversos organismos e instituciones por los efectos que tendrá la misma en aspectos políticos, económicos y sociales del país.
Este lunes, la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, insistió en la preocupación por las “amplias” implicaciones para la independencia judicial en todo México.
Asimismo, Estados Unidos y Canadá han advertido de las preocupaciones de los inversionistas por esta y otras reformas del Gobierno, como la eliminación de órganos reguladores autónomos.
Además, calificadoras como Fitch y entidades como CitiBanamex o Morgan Stanley han alertado también sobre el riesgo de aprobar las reformas propuestas por el presidente, en particular la del Poder Judicial.
DW edición Mi Aconcagua – Síguenos en
