El parlamentario habría suscrito un contrato en 2014 para desarrollar la actividad ilegal en conjunto con directivo de la minera Atacama Kozlan.
La semana pasada se informó el robo de agua del río Copiapó, en la Región de Atacama, al norte de Chile, luego de una investigación que desarrolló la Dirección General de Aguas (DGA) y que reveló –en su posterior informe– que empresarios llevaban años extrayendo agua de forma ilegal a través de bocatomas instaladas en zonas no autorizadas del cauce. Entre los empresarios a los que se les atribuye el delito, figura el senador de la región y ex presidente de Renovación Nacional (RN), Rafael Phroens.
Según informó el portal El Ciudadano, la Junta de Vigilancia del río Copiapó autorizó que 107 de sus integrantes instalaran bocatomas en distintos puntos del río pese a no contar con autorización por parte de la DGA, que corresponde a la única entidad que puede autorizar el acceso y las mencionadas instalaciones fueron acordadas entre los miembros de la directiva.
La intervención, a su vez, generó que llegara menos agua a la desembocadura del río, que es la zona donde los agricultores extraen agua para los cultivos de la región. Esta denuncia fue realizada por el empresario agrícola Germán Palavicino Porcile, representante de la Comunidad de Aguas Subterráneas, CASUB, en abril de 2019.
El delito de Phroens
Según consigna el mismo medio, se informó que Rafael Phroens, a través de su empresa Doña Berta Ltda, efectivamente posee derechos de agua para la su extracción en la zona cordillerana, en los canales El Quemado y El Rodeo, del río Jorquera.
Sin embargo, la investigación arrojó que una bocatoma irregular por parte del empresario, instalada en canal matriz Mal Paso, en la comuna de Tierra amarilla, a 42 kilómetros de la ciudad de Copiapó, habría estado operativa por al menos cinco años, previo a la indagatoria.
Según reportó el informe de la DGA, se detalló que “a Junta de Vigilancia del río Copiapó reconoce que en esta captación (…) ubicada al interior del sistema matriz Mal Paso, se captan derechos pertenecientes a la Agrícola Doña Berta Limitada, del sector Cordillera. Este es otro antecedente que evidencia la práctica de la Junta de Vigilancia del río Copiapó de autorizar traslados de ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas en cauces naturales. Otro aspecto relevante de destacar respecto a dichas cartas, es la utilización de la expresión “provisoriamente”; lo cual resulta paradójico al observar que las tablas adjuntas a estas misivas se refieren a los doce meses de los años 2016, 2017 y 2018 y a 5 meses del año 2019”.
La extracción llevaba 35 litros de agua por segundo durante los 365 días del año a la minera Atacama Kozan. Los derechos de esas aguas, sin embargo, no estaban a nombre de la minera, sino que pertenecían –supuestamente– a la empresa agrícola Doña Berta Limitada. Para ello, Rafael Phroens debió vender 735 de sus acciones en derechos de aprovechamiento de aguas.
La minera, por su parte, que opera gracias a capitales japoneses y que genera 150 mil toneladas de concentrado de cobre, tuvo su vinculación al caso a través del sugerente general, Francisco Sánchez, quien acordó con Phroens en 2014 el contrato por la disponibilidad de agua para las operaciones de Atacama Kozan y, para el cumplimiento del convenio, Doña Berta Limitada instalaría un medidor en la bocatoma, el que nunca fue dispuesto por la compañía agrícola.
Por eso, en 2019, el abogado Carlos Hidalgo se presentaría ante el Juzgado de Garantía de Copiapó para interponer una querella criminal a nombre de Atacama Kozan contra Rafael Prohens y Francisco Sánchez y se les acusó de haber estafado durante cinco años a la compañía minera a través de pagos excesivos por volúmenes de agua que nunca se entregaron de forma efectiva. Según las estimaciones en dineros por el trato, lograron desviar cerca de US$2.729.027 de la minera.
Lo anterior, debido a que el esquema de defraudación fue orquestado por el mismo Francisco Sánchez, quien llegó a la subgerencia general de la minera y que por su cargo fue construyendo una red de proveedores que, en el papel, prestaban diferentes servicios a la compañía, pero que en realidad funcionaban como pantalla para desviar dineros.
Ex trabajadores de Atacama Kozan –que no revelaron su identidad– sostuvieron al portal web que “se prestaron servicios sin justificación, sin trazabilidad y sin pormenorización. Sánchez le pedía a proveedores de la empresa que le pagaran sus cuentas personales, incluso el supermercado (…) Se aprovechó del gerente general y de los representantes de Nittetsu, controladora de la minera, por ser japoneses. Muchas personas vimos cómo él se reía habitualmente de ellos, ya que sabía que no entendían bien el castellano. La barrera idiomática sin duda fue uno de los elementos que le sirvió para cometer su estafa”.
A marzo de 2019, Atacama Kozan había pagado más de cinco millones de dólares a Doña Berta por una cantidad de agua muy inferior a la comprometida en el contrato, en vista de que “desde que se firmó el contrato”, pero “yo creo que siempre se tuvo en mente sacar dineros de la empresa. Nunca tuvieron la intención de medir”, acusó el abogado querellante.
Además, el reporte de la DGA reveló que en 2017 fue el año con mayores montos defraudados, lo que coincidió con el periodo electoral, evento que permitió ser a Rafael Phroens senador por la Región de Atacama, mientras que de un año a otro, los pagos de la minera a Doña Berta aumentaron 53,7%
Según dicta el Código de Aguas, los derechos de aprovechamiento de aguas, constituidos en acciones, pueden ser transados en el mercado como si de cualquier otra propiedad privada se tratase. Una vez que la Dirección General de Aguas entrega un derecho de aprovechamiento a un usuario, éste puede venderlo o traspasarlo a quién desee y por el monto que le plazca.
Sin embargo, la inscripción de dichos derechos señala explícitamente cuál es el canal a través del cual se puede extraer el agua, lo que significa que solo la extracción en el río Jorquera era legal, pues es por la que Phroens tiene derechos de agua, no así del río Copiapó.
Otro de las gravantes del caso es el desconocimiento de la actividad ilícita por parte de los directivos de la minera Atacama Kozlan en cuanto al contrato que suscribió Phroens con Sánchez, el que establecía que “no infringe ninguna ley, reglamento, sentencia, orden o decreto que le sea aplicable ni respecto del cual éste se encuentre obligado, ni viola sentencia judicial alguna, decreto u orden de ningún tribunal de justicia o autoridad administrativa chilena que le sea aplicable”.
Y agrega que “cuenta con todas las obras necesarias captar, conducir, entregar y en definitiva efectuar dicho suministro en forma íntegra, completa, oportuna y durante toda la vigencia del Contrato”, las que “cumplen con todos los permisos y autorizaciones requeridas por la legislación aplicable para tal efecto”, decreta el acuerdo ilícito.
Su defensa
En una entrevista que cedió a Nostálgica, el senador se defendió de la acusación y dijo que “yo no tengo absolutamente nada que ver. Yo soy un usuario, soy un regante, como cualquier otro y este es un conflicto entre el directorio de la junta, que nos representa a todos con la DGA y eso está en los tribunales y de eso yo no tengo arte ni parte en esa materia” y agregó que “yo quiero recordar que en el año 2015 hubieron aluviones en Atacama y yo perdí la producción de parronales que tenía en ese minuto, quedándome, desde esa fecha, sin ocupar un litro de agua en cultivos”.
Además reafirmó que “no conozco a ningún regante que saque agua sin la autorización de la Junta de Vigilancia del río Copiapó. Todo se hace por las compuertas y celadores”.
Pero, desde la Fiscalía de Copiapó advierten que “toda vez que mintió a sabiendas en el contrato cuando señaló y garantizó que tanto los derechos de agua como las obras asociadas cumplían con la ley, reglamentos y autorizaciones administrativas, cuando en verdad tenía una bocatoma ilegal”.
Es por esto que el pasado 21 de agosto, el Tercer Juzgado de Letras de la ciudad ordenó la intervención de la Junta de Vigilancia por parte de la DGA. Pero, desde el grupo presentaron un recurso de protección que detuvo el proceso para que no se concrete la operación.
Pese a la negativa, la DGA advierte que harán todo lo posible por llevar adelante el proceso debido, a fin de terminar con la explotación del recurso del agua de manera ilegal.
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