El proyecto fue aprobado este mediodía en la Cámara de Diputados con 129 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Con esto, la iniciativa que busca modificar el Código de Aguas de 1981, pasó a su último trámite en la ruta para ser promulgado como Ley, la votación que se realizará este miércoles en el Senado.
El mininistro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, dió sus impresiones luego de la votación en la Cámara de Diputados que aprobó la reforma al nuevo código de aguas. El secretario de Estado explicó que dentro de las principales atribuciones de la nueva medida esta poder priorizar el consumo humano, el cuidado de los ecosistemas y darle seguridad hídrica a quienes reciben los derechos de agua, además de evitar el no uso y también la especulación.
“Con esta votación, prácticamente unánime en la Cámara de Diputados, que se suma a lo que sucedió en la comisión mixta de senadores y diputados, que también resolvieron las diferencias prácticamente por unanimidad, y a las votaciones en la Cámara y el Senado en sus primeros trámites constitucionales, demuestran que cuando se trabaja profesionalmente, se estudia y ponemos el objetivo de priorizar siempre el interés de Chile por delante se puede llegar a acuerdos mayoritarios y muy positivos”.
El proyecto de ley en lo principal reconoce el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano con carácter de esencial e irrenunciable; considera al agua como un bien nacional de uso público cuyo dominio y uso pertenecen a todo los habitantes; los derechos de aprovechamiento de aguas se constituirán en función del interés público, que incluye el resguardo del consumo humano y el saneamiento, la preservación del ecosistema, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas acciones destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos.
Adicionalmente, modifica la los derechos de aprovechamiento de aguas; reconoce una nueva categoría de derecho para usos no extractivos o de uso en su fuente, restringe el uso de ciertos derechos de aprovechamiento de aguas en situaciones de escasez; establece causales de extinción y caducidad por la no inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.
Otras modificaciones importantes dan cuenta de que se habilita al Presidente de la República para reservar el recurso para fines de preservación ecosistémica, mejoras en la potestad sancionatoria de la Dirección General de Aguas, incorporación de disposiciones sobre aguas subterráneas, gestión sustentable, entre diversas mociones que potencian la autoridad y potestad para requerir información sobre los derechos entregados.
La moción parlamentaria ha debido sortear diferentes etapas desde su ingreso a tramitación legislativa el 17 de marzo de 2011 sufriendo cambios tanto en primer como en segundo trámite constitucional: indicaciones sustitutivas presentadas en 2014 y 2017 durante el gobierno de Michelle Bachelet, y en 2019 y 2020 por el actual.
